La batalla indisimulada entre Mauricio Macri y el Papa Francisco tiene un nuevo episodio que está generando una fuerte polémica en Argentina. Después del anuncio de abrir paso en el Congreso al debate del aborto, que inquietó a la Iglesia argentina, controlada directamente por el Papa, el Gobierno abrió otro frente al hacer públicos los sueldos de los obispos y el dinero que le cuesta al Estado mantener a todos los curas. En un momento de crisis, con precios muy altos de los alimentos y dificultades para llegar a fin de mes de muchos argentinos, saber que los obispos cobran 46.800 pesos mensuales (2.300 dólares) que salen de sus impuestos ha provocado muchos comentarios que exigen que la iglesia católica se financie solo con el dinero de sus fieles, como los otros cultos del país.
Los obispos reaccionaron indignados. «Cada vez que hay un problema, nos sacuden a los obispos con este tema. En algún momento de enfrentamiento fuerte o de conflicto con el gobierno kirchnerista, algún diario cercano a ellos sacó el tema de cuánto cobran los obispos». «Eso genera una bronca comprensible en muchas personas que dicen ‘yo no soy católico y mantengo a los obispos católicos», se quejó el obispo Sergio Buenanueva, de San Francisco, Córdoba, en el centro del país. El Gobierno asegura que ofreció esos datos como respuesta a una diputada que preguntó por ellos, y por tanto asegura que estaba obligado, pero la sospecha de que había intenciones políticas detrás está muy extendida.
En 1853, los redactores de la Constitución argentina establecieron en el artículo 1° que, desde ese momento, el país adoptaba la forma de gobierno representativa, republicana y federal. En el 2°, sólo dos líneas más abajo en el manuscrito original, escribieron: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. El texto fue un camino intermedio entre la declaración de un estado confesional y uno laico, un gris que 165 años después ha abierto un debate hasta ahora oculto bajo otros más urgentes. Ante la pregunta de una diputada, el jefe de ministros, Marcos Peña, dijo el jueves en el Congreso que los salarios de todos los funcionarios de la Iglesia le cuestan al erario 130 millones de pesos al año, unos 6,5 millones de dólares. No sumó el dinero, incalculable, que va a parar a las escuelas religiosas concertadas y obras de caridad.
En Argentina hay división entre el Estado y la Iglesia y la libertad de cultos está garantizada desde aquella primera versión de la Constitución. Pero amparándose en el artículo 2°, nunca retocado, la Iglesia acordó con los diferentes gobiernos algún tipo de financiación. La última vez fue en 1979, cuando el dictador Jorge Videla decretó que el Estado se haría cargo desde ese momento de pagar los salarios y las jubilaciones a arzobispos, obispos y demás cargos. La Conferencia Episcopal es la encargada de repartir el dinero que recibe. La ley sobrevivió incluso al lento pero persistente proceso de secularización del Estado. En 1995, por ejemplo, se eliminó como requisito para ser presidente que el candidato sea católico. Ahora ha llegado el momento de cuestionar el financiamiento.
La pregunta al jefe de ministros en el Congreso la hizo la diputada Carla Carrizo, de un partido cercano al oficialismo. Carrizo es autora de un proyecto de ley que presentó en 2016 para que los salarios de 132 arzobispos y obispos, y desde allí los del resto, se calculen a partir del ingreso de un profesor universitario y no de un juez, como es ahora. Según ese cálculo, un obispo argentinoganará unos 14.000 pesos menos. En los fundamentos de su proyecto, Carrizo critica que los ingresos de los sacerdotes son asignaciones y no salarios, y por lo tanto no pagan impuestos. El aporte estatal a la Iglesia católica crea, además, asimetrías económicas con otros credos.
El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, fue el más directo: dijo que no pueden prescindir de los aportes del Estado porque las colectas en las misas “suelen ser miserables”. Dijo que los católicos “están mal educados” y no entienden que la Iglesia necesita de sus aportes para sobrevivir.
El obispo Buenanueva aclaró que el aporte estatal a la Iglesia cubre sólo el 7% del presupuesto. “El resto lo sostienen los católicos con el aporte de las parroquias y con otras ayudas que nos llegan desde el exterior. Muchos de nuestros templos o de nuestros vehículos han sido adquiridos gracias a católicos alemanes o americanos”, dijo Buenanueva al diario cordobés La Voz del Interior. El sacerdote explicó incluso que está a favor de un modelo de reparto donde el Estado solo funcione como recaudador del dinero de los fieles, como se hace en otros países. “El ciudadano elige y le dice al Estado a qué credo quiere ayudar, y así se distribuye el dinero”, explica. La Iglesia sólo deberá convencer a los fieles de que hagan sus aportes.
FUENTE: EL PAÍS