La Casa Rosada usará los mecanismos del sistema republicano para avanzar en una medida que según el sector empresario podría destrabar inversiones por US$18.000 millones, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno.

En las próximas semanas, la administración de Mauricio Macri iniciará una amplia consulta entre los diputados y senadores oficialistas para que le den su «consejo legislativo» con respecto a qué hacer para aclarar los puntos de la Ley de Glaciares que impiden la llegada de mayores inversiones mineras, según le transmitieron los empresarios al Presidente en una reunión de noviembre del año pasado.

Macri iniciará la rueda de consultas luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman , termine el inventario de glaciares, algo que esperan terminar este mes, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de ese trabajo.

La elección del cronograma responde a una lógica de sentido común. El Gobierno no quiere avanzar en discusiones sobre la futura aplicación la ley hasta que no cumpla del todo con lo que dice su texto, algo que ocurrirá cuando los glaciares estén contabilizados. De lo contrario, sería un blanco fácil para la crítica de sectores ambientalistas y la oposición crítica de la actividad minera.

El Gobierno espera que la consulta a sus legisladores le permita evitar errores potenciales en el tratamiento de un tema polémico (algo que ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la discusión por la reforma jubilatoria), dado que luego serán ellos quienes deberán dar la discusión en el Congreso para avanzar en reformas.

En principio, no se cambiará la ley, sino que se le pedirá al Congreso una aclaración de la norma, algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la ley que bloqueó cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, luego de un fallo de la Corte Suprema que le otorgaba la libertad a Luis Muiña.

La polémica en torno a la Ley de Glaciares se debe a que, según los especialistas, puede arrojar interpretaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, pero también otras muy restrictivas que le generan aversión a los inversores. Eso se debe a que pueden hacer un desembolso muy grande que luego quede invalidado por la decisión de un juez que optó por tomar los puntos más duros de la norma.

Carrió versus la minería

En noviembre del año pasado, Macri tuvo una reunión en la Casa Rosada con los referentes del sector minero. Estuvieron Eduardo Elsztain y Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los gremios, las provincias, funcionarios de Medio Ambiente y los ministros Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Trabajo (Jorge Triaca).

El Presidente les prometió avanzar una iniciativa para proponer un nuevo proyecto de ley. Pero esa idea fue reemplazada por el pedido de aclaración al Congreso luego de las polémicas que generó, incluso dentro de Cambiemos. La más importante tuvo que ver con Elisa Carrió.

La socia política de Macri se enteró a través de LA NACION que el Presidente se había reunido con los mineros y casi de inmediato escribió en su cuenta de Twitter que se oponía taxativamente a un cambio en la ley.

Macri envió a Aranguren para tranquilizar los ánimos de la diputada. Estuvo charlando con ella una hora y media en su chacra de Exaltación de La Cruz.

El Presidente cree que le dio a la minería más de lo que esa industria le dio a su gobierno. Sucede que una de sus primeras decisiones tras el cambio de mando fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de ese sector, algo similar a lo que ocurrió con el campo. Pero si bien el agro respondió, la minería no lo hizo.

En el encuentro de noviembre pasado, los empresarios le plantearon que parte de esa mala performance se debía a las inversiones potenciales frenadas por la incertidumbre que genera la ley.

Los glaciares suelen resultar amenazantes para la política. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei chocó con el veto de la presidenta Cristina Kirchner, pero los legisladores volvieron a la carga en 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. La ex presidenta la reglamentó en 2011, pero nunca se puso efectivamente en marcha por se postergó el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la norma. Es el paso que ahora debe culminar Bergman para avanzar en la consulta a los legisladores.

FUENTE: La Nación