El nivel de empleo asalariado no registrado alcanzó a finales del 2018 el 31,8% del total, similar a lo que registraba en el 2017, a pesar de que durante el año pasado la desocupación trepó al 9,1% y la economía retrocedió 2,5, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El organismo dio a conocer la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” que en el cuarto trimestre del año pasado daba cuenta de la existencia de 20,4 millones de puestos de trabajo.
De ese total, 15,5 millones eran asalariados, entre ellos 10,6 millones, el 68,2 %, estaban registrados; otros 4,9 millones, un 31,8%, eran no registrados, mientras que los restantes 4,9 millones eran no asalariados.
Estos niveles resultaron prácticamente iguales a los del 2017, pese a que durante el año pasado la economía cayó 2,5% y la tasa de desocupación trepó 9,1% a finales del 2018, desde el 7,2% de octubre-diciembre del 2017, según los datos del Indec.
La difusión de estos datos toma mayor relevancia en momento en el que la Cámara de Senadores busca tratar un proyecto de ley para el “blanqueo de trabajadores”.
La iniciativa fue presentada el viernes pasado el senador nacional Roberto Basualdo en nombre del oficialismo, y su tratamiento en comisión está prevista para este martes.
La cúpula de la CGT se ausentó la semana pasada al tratamiento de este proyecto que sin embargo generó apoyos críticos de parte del sindicalismo, como el caso del dirigente de las 62 Organizaciones, Julio Estévez, quien advirtió sobre la posibilidad de que la norma abra paso a despidos sin indemnización.
“Condonar (multas) al empresario para que blanquee nos parece una medida justa y razonable, utilizar eso para agilizar despidos con bajas indemnizaciones nos parece un retroceso de los derechos del trabajador”, dijo Estévez, secretario general de la Unión del Personal Superior de la AFIP, a través de un comunicado.
El jueves pasado, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, alentó el blanqueo laboral al asegurar que el trabajo informal “es la contracara de la pobreza de un país, y es hija de las crisis recurrentes”.
Para terminar con ese problema el gobierno “está trabajando en un proyecto de ley que impulse la formalidad, con un blanqueo laboral de cinco años para atrás y dos hacia adelante”, en diálogo con el sector sindical, destacó Sica.