Cambiemos buscará esta semana sortear nuevamente las trabas de la oposición y darle impulso en el Senado a dos de los proyectos que más le interesan al Gobierno de cara al año electoral, la ley del blanqueo de trabajadores en negro y la reforma al financiamiento de los partidos políticos que transparente los aportes en campaña.
Tanto los senadores del oficialismo como los del peronismo demuestran públicamente voluntad de llevar la discusión sobre financiamiento de partidos al recinto el próximo martes pero extraoficialmente objetan algunos puntos de la propuesta como la prohibición de que los sindicatos aporten a las campañas electorales.
La sesión, que requiere una mayoría especial para ser aprobada, fue pospuesta en dos ocasiones y fue nuevamente convocada para este martes 16, antes de los feriados por Semana Santa, aunque varias fuentes de las bancadas mayoritarias consultadas por Télam se excusaron de dar certezas de que finalmente se concrete en una semana de sólo tres días hábiles.
En ese sentido, algunos miembros del peronismo sostienen también que «no dan los tiempos ya» para aplicar la norma antes de los comicios de este año ya que aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Diputados donde los escollos parecen ser mayores.
En cuanto al blanqueo de trabajadores, una ley que presentó el viernes pasado el senador nacional Roberto Basualdo en nombre del oficiialismo, un plenario de comisiones que iba a abrir el debate se frustró esta semana en el Senado ante la ausencia sin aviso de la cúpula de la CGT y fue reprogramada para el mismo martes 16.
Así, si prosperan las pretensiones de Cambiemos en el Senado, ese día desde las 10.30 se discutirán en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo los alcances de la propuesta de blanqueo laboral y por la tarde podría concretarse la demorada sesión sobre financiamiento.
El proyecto de financiamiento, que unifica varias iniciativas tanto del oficialismo como de la oposición, levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y bancariza los aportes de dinero con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas en este campo.
Además, establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona -humana o jurídica- un monto superior al dos por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.
En la iniciativa se introdujo un capítulo sobre Internet a propuesta del presidente de la comisión de Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, para que una parte de los fondos de campañas se destinen a páginas web de origen nacional.
Sin embargo, el capítulo que mayor resistencia encontró fue el que deja afuera de la posibilidad de hacer aportes a las campañas a los sindicatos, algo que objetó de manera persistente en la última reunión de comisión uno de los representantes del bloque del PJ, el senador Mario Pais.
En cuanto al blanqueo laboral, también públicamente todos los actores, especialmente las centrales sindicales y el PJ, sostienen que «es una ley necesaria» pero cuestionan los artículos que dejan afuera del cálculo de indemnización al aguinaldo, los premios, los bonos y otros beneficios.
Pese a que estaba invitada, la CGT decidió no aparecer el martes último en el plenario de comisiones y, según fuentes parlamentarias consultadas, el motivo no fueron las discrepancias por la propuesta sino el hecho de que el Gobierno aún no transfirió los 13 mil millones de pesos de fondos para las obras sociales sindicales que habían sido cedidos a través del Decreto 251/19.
Minutos antes de que comenzara el plenario de Comisiones, al que estaban invitados también los integrantes de Presupuesto y Hacienda, Lovera, jefe del Sindicato de Empleados de Comercio de La Pampa, ya había blanqueado la futura conducta de la CGT en declaraciones a la prensa.
«Esta ley tiene muchas cosas solamente a favor de las empresas. Debemos debatir cómo les damos a esos trabajadores la dignidad para que entren al mercado laboral. Estamos abriendo una puerta para que esa sea la política general para todos los trabajadores en el futuro», expresó.
El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, advirtió entonces en declaraciones a Télam que el peronismo estaba poniendo «excusas absurdas».
El llamado «blanqueo laboral» propone, entre otros puntos, otorgar 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios y que se retire a los empresarios del Registro de Empleadores con sanciones laborales si registran empleados, mientras que al trabajador se le computarán hasta cinco años de aporte.