La Asociación de Personal de Plataformas (APP), que nuclea a los empleados que hacen delivery, aseguró que no hay que «prohibir» el trabajo sino que las empresas «deben cumplir las leyes y regularizar a los trabajadores».
Así se refirieron al fallo de la Justicia local que ordenó ayer al Gobierno porteño prohibir el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicleta en la Ciudad hasta que cumplan con el Código de Tránsito y Transporte.
«El fallo pone en relieve que estas empresas no cumplen con las regulaciones laborales, tributarias ni las provinciales y que no admiten una relación laboral con los empleados ni respetan los requisitos mínimos para formalizarlos», indicó hoy a la señal TN Juan Manuel Ottaviano, de la Asociación de Personal de Plataformas.
Las empresas de delivery afectadas por la resolución del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de Andrés Gallardo, son «Rappi», «Glovo» y «Pedidos Ya». La decisión judicial estableció que los repartidores de estas firmas no podrán volver a las calles hasta que no se garantice «que todos circulen utilizando casco», que «la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda» del conductor, que posean «seguro de vida y accidentes», «libreta sanitaria» y que los rodados «cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)».
Respecto a las irregularidades e informalidad del trabajo del Delivery en bicicleta, Ottaviano explicó que «las plataformas toman a los trabajadores como colaboradores y no admiten una relación laboral». El abogado detalló la informalidad contractual en la que trabajan diariamente cientos de trabajadores argentinos y, en su mayoría, venezolanos.
«Una vez que los jóvenes se conectan a la aplicación, les informan una cantidad de pedidos y direcciones a donde deben ir y les pagan según los pedidos realizados. Por eso algunos van a alta velocidad y no respetan los semáforos. Si no se apuran, no cobran y muchos trabajan más de 15 horas por día», contó.
Además, indicó, las aplicaciones «obligan a los trabajadores a fracturar a terceros». «Se meten en el sistema de AFIP de los repartidores y elaboran facturas a su nombre en favor de los clientes, como si ellos fueran el supermercado que les está haciendo la entrega del producto», dijo el especialista.
La secretaría de Transporte del gobierno porteño anunció hoy que «apelará la medida del juez Gallardo que busca prohibir la actividad de empresas de reparto y mensajería y lo recusará por abuso de autoridad, parcialidad y prejuzgamiento».