La «falta de confianza» en el trabajo de los organismos del Ejecutivo por parte del Poder Judicial extiende los plazos para decretar que un niño pueda ser dado en adopción, lo que reduce sus chances de encontrar una familia, según un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
La conclusión se desprende de una investigación cualitativa que el organismo realizó relevando casos de todas las regiones del país con entrevistas a 59 actores de todos los organismos y poderes que intervienen en el proceso de adopción.
«El objetivo era determinar por qué los niños, niñas y adolescentes pasan tanto tiempo institucionalizados, porque hay que entender que cuando hablamos de adopción lo que estamos buscando es garantizar su derecho a tener una familia, no el de los adultos a tener un hijo», indicó a Télam la Asesora General Tutelar, Yael Bendel.
El informe comienza con dos datos cuantitativos ya conocidos pero clave para entender la gravedad de las demoras: sólo el 30 por ciento de los chicos que están en estado de adoptabilidad tiene menos de 5 años; mientras que el 89 por ciento de los voluntarios para adoptar quiere menores de un año y sólo un 17 aceptaría hasta de 8 años.
Como dato adicional, sólo el 16 por ciento expresa la voluntad de adoptar si presentan alguna discapacidad o enfermedad permanente.
«Lo que observamos fue que en todas las provincias donde hicimos la investigación se repetía la falta de confianza por parte del poder judicial en el trabajo realizado por estos organismos del Ejecutivo, lo que repercute en que se duplican los plazos para el niño», describió Bendel.
Para explicar cómo se traduce esto en términos concretos, la Asesora propone una situación imaginaria: «Las maestras de M. detectan que tiene golpes, interviene el organismo de infancia y la lleva al hospital. Se determina que M. está en riesgo y que no hay familiares directos que puedan hacerse cargo», describió.
Y continuó: «Esa intervención se hace en cuestión de horas, se lleva a M. a un hogar, se informa a la justicia y por 180 días como plazo máximo se trabaja en la revinculación de M. con su familia de origen».
«Vencido el plazo se determina que hay que decretar la situación de adoptabilidad -siguió- y la Justicia, que desde el día uno tenía que monitorear las acciones, recién en ese momento empieza a hacer actuaciones para ver si decreta o no la adopción, como si los 180 días no hubieran corrido. Esto hace que el niño pase un año o más en una institución», sostuvo.
La investigación también detectó una falta de participación de las familias de origen en el proceso, un déficit en el trabajo sistémico, articulado y responsable de todos los actores intervinientes y una ausencia en la sistematización de la información.
El informe será presentado oficialmente mañana en la Facultad de Derecho de la UBA.