La investigación que lleva adelante la Justicia de Santa Fe para determinar la forma en que llegó al teléfono de un alumno el video íntimo de una docente de 34 años dio un giro hoy al revelarse que en realidad la mujer denunció con anterioridad a un grupo de alumnos que la extorsionaba para no difundir las imágenes.
El caso se conoció la semana pasada, cuando el Ministerio de Educación de Santa Fe se presentó a la Justicia para que se investiguen las circunstancias por las cuales un video íntimo llegó al teléfono celular de un alumno de 14 años que cursa el segundo año en el Colegio de la Inmaculada Concepción.
Por este motivo se inició una investigación que incluso llevó a la detención por un par de horas de la docente, por orden del fiscal Federico Grimberg.
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El giro se dio en la mañana de hoy a raíz de declaraciones del secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Pedro Bayúgar, quien sostuvo que el caso de dio de manera diferente a la que trascendió en los medios de comunicación.
«Esta docente fue maltratada, acusada y hasta podríamos decir extorsionada por un grupo de alumnos, y a raíz de eso ella hace una denuncia ante la Policía de Investigaciones», dijo Bayúgar en diálogo con radio Universidad, de Santa Fe.
Para el dirigente gremial, seguramente «cuando empezaron a llegar las citaciones (a los alumnos) apareció esta versión de que el Colegio Inmaculada inicia un sumario» a la docente.
Bayúgar aclaró que desde el gremio no están «de acuerdo ni con la detención ni con el desplazamiento de los cargos resuelto por el Ministerio de Educación, porque castigan sin sumario previo».
Voceros del caso señalaron que en el video que llegó al teléfono del chico y que circuló de manera reiterada se observa a la docente sola y desnuda en una cama, masturbándose.
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La Justicia comprobó que eran falsas las versiones sobre la existencia de otros dos videos, en los que supuestamente se observaba a la mujer y a un alumno manteniendo relaciones sexuales, ya que no corresponden a ninguna de esas dos personas.
La Justicia intenta determinar si la docente cometió algún delito al enviar el video al adolescente o si se trata de la situación inversa, es decir, si fue víctima de un hackeo o si vulneraron su intimidad al revisarle el teléfono.
