La Eurocámara aprobó hoy un informe que pide a instituciones y países de la Unión Europea (UE) adoptar más medidas contra la elusión fiscal, el fraude y el blanqueo de capitales, y por primera vez señaló a siete de sus Estados miembros como paraísos fiscales.
El texto, adoptado con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones, es el resultado de un año de trabajo de la comisión especial sobre delitos financieros, la tercera de este tipo puesta en marcha a raíz de escándalos como los Papeles de Panamá, LuxLeaks o los Papeles del Paraíso, reportó la agencia EFE.
El informe critica que Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre y Hungría «presentan características de paraísos fiscales» y «facilitan la planificación fiscal agresiva», es decir, que las grandes empresas reduzcan de forma importante su contribución impositiva. El informe no es vinculante, pero busca fijar una «hoja de ruta» para que el Parlamento y la Comisión Europea que salgan de las elecciones europeas de mayo próximo, hagan de la justicia fiscal una prioridad política e intensifiquen el trabajo emprendido en esta legislatura.
Los eurodiputados subrayan que los países de la UE dejan de recaudar cada año un billón de euros debido a la evasión y elusión fiscal, y 50.000 millones por el fraude con el IVA. También cuestionan que muchas multinacionales pagan cantidades ínfimas de impuestos en comparación con empresas de menor tamaño, y que los países de la UE se embarcaron en una «carrera a la baja» para atraer compañías a base de rebajar su impuesto de sociedades.
Para abordar estos problemas, piden a los Estados e instituciones que aprueben el régimen definitivo del IVA en la UE, que ahora se rige por normas de hace más de dos décadas, así como la propuesta para crear una Base Común Consolidada del Impuesto de Sociedades, destinada a garantizar que las empresas pagan esta tasa de forma justa allí dónde generan beneficios.
Además, reclaman crear una nueva «policía financiera» en el seno de Europol y una Unidad de Inteligencia Financiera en la UE, como también abogan por reforzar las normas contra el blanqueo y crear una autoridad que vigile estos delitos en toda la UE.