Unas veinte personas trans de Santa Fe iniciaron el trámite para acceder al beneficio de una pensión que se otorga a víctimas de la dictadura, como modo de «visibilizar» a una minoría que sufrió persecución durante el terrorismo de Estado por su «condición sexual» y ahora procura una «reparación histórica».
«Es un colectivo que ha sobrevivido a distintas formas de violencia, discriminación, abuso policial y violencia institucional», dijo hoy a Télam el subsecretario de Diversidad Sexual de Santa Fe, Esteban Paulón, que impulsa la acción.
Trece personas trans de Rosario y unas ocho de la ciudad de Santa Fe están en condiciones de percibir el beneficio establecido por una ley provincial de 2012, afirmó el funcionario.
La norma establece el pago de una pensión mensual no contributiva a las personas que acrediten que entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 «se hubiesen encontrado privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles», por lo que no contempla directamente a las minorías sexuales.
«Lo que se está trabajando tiene que ver con ampliar un poco la mirada y entender que la violencia sufrida por temas vinculados a la sexualidad también es inherente a la violencia política», explicó Paulón.
En esa línea, dijo que «el proyecto de la dictadura, dentro de sus preceptos y contenido, consideraba la promoción de un tipo de familia donde los grupos minoritarios por distintas condiciones no encajaban de ese ideal, que se sintetizaba en la figura de Dios, Patria y Familia».
El funcionario remarcó que «el colectivo trans fue puntualmente perseguido en Santa Fe y en todo el país» por «su condición sexual», un grupo que nunca pensó que podía ser «incorporado en una reparación de víctimas de la violencia institucional».
«Quizá porque la violencia hacia el colectivo trans es previa y pos dictadura», evaluó.
Durante ese período, el edificio de la Jefatura de Policía de Rosario tenía un pabellón llamado «XY» que estaba especialmente destinado a homosexuales y trans, que eran detenidos por su condición de «desviados».
«Algunas sufrieron abusos sexuales y otras formas de violencia», contó a Télam el abogado Ricardo Lamas, a cargo de las cuestiones jurídicas del trámite de pensiones.
«Cuando se analizan los testimonios, te das cuenta que era sistemática la represión y por el solo hecho de ser mujeres trans», agregó.
Un artículo del Código de Faltas vigente en esos años permitía el arresto de una persona por travestismo, es decir, por estar vestida con ropa de otro sexo.
Entre las pruebas incluidas en los expedientes iniciados para otorgar las pensiones hay una nota publicada en el diario La Capital de Rosario, a fines de la dictadura, que da cuenta de que «Conocidos homosexuales pasaban por la calle vestidos como mujeres».
La crónica policial indica que se detuvo a dos jóvenes de 16 y 17 años y señala que «la llamativa presencia de los desviados sexuales se extiende a numerosos bares, confiterías y esquinas céntricas».
El artículo periodístico plantea que «más allá de los distintos modos que existen para enfrentar este mal de la sociedad, acaso la intensificación de la vigilancia policial y procedimientos para reprimir la prostitución y la homosexualidad sean efectivos».
Las trans eran arrestadas por períodos no menores a 30 días y cuando volvían a ser detenidas la privación de la libertad se agravaba, de acuerdo al Código de Faltas.
El ex ministro de Salud, Daniel Gollán, declaró esta semana en los Tribunales de Rosario como testigo ocular de la detención de dos mujeres trans durante la última dictadura.
Gollán fue secuestrado el 16 de julio de 1976 y tras permanecer en un centro clandestino fue «blanqueado» y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
«En ocasión de un trasladado desde la cárcel de Coronda (donde estaba detenido legalmente) hasta Rosario en 1977 para hacer una declaración en tribunales, estuve en la Jefatura durante unos 25 días», contó a Télam el ex ministro.
«Allí conocí a dos personas trans que había sido detenidas por su condición de tales, no por algún delito. Una era una persona rubia de cutis blanco y la otra de piel trigueña», recordó y evocó que en el lugar había «dos habitaciones unidas por una arcada bien amplia».
«Me relataron cómo eran arrestadas y detenidas, les quitaban las pertenencias, el dinero que tenían y muchas veces eran abusadas sexualmente», dijo, un testimonio que junto al de familiares de víctimas permitió al gobierno de Santa Fe avanzar en la acreditación judicial de los padecimientos para otorgar una reparación.
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