La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este jueves al estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) y señaló que impedir la práctica puede constituir una «tortura», luego del caso de la niña de 11 años que quedó embarazada tras una violación y fue sometida a cesárea en Tucumán.
«La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos», señaló la representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Birgit Gerstenberg.
En el comunicado, la ONU apuntó que el llamado al estado argentino es una respuesta a lo que ocurrió en Tucumán el 27 de febrero cuando una nena de 11 años -llamada «Lucía» para proteger su identidad- fue sometida a una cesárea luego de haber quedado embarazada productor de una violación perpetrada por parte del novio de su abuela.
En ese sentido, desde la ONU recordaron «la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y niñas». «La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud», indicó Gerstenberg.
Y, señaló que «ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo».
La Oficina Regional del Acnudh expresó su «preocupación» de «que este caso se sume a otros similares ocurridos en la provincia y en el país en los últimos meses».
A mediados de enero de este año, había ocurrido lo mismo en Jujuy con una nena de 12 años a la que también se le practicó una cesárea luego de que quedara embarazada por una violación.
Por esa razón, el Acnudh recomendó adoptar medidas efectivas para implementar en todas las provincias la sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto legal.
«El Acnudh respeta la objeción de conciencia del personal médico, al tiempo que recuerda al Estado y sus instituciones su deber de garantizar el acceso de las mujeres a la ILE en todos los hospitales públicos del país en los casos previstos por la ley», aseguró la ONU en un comunicado.
Además, Naciones Unidas llamó a «investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica y pidió que se les brinden las garantías necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y seguridad».