Julio De Vido está preso y su mano derecha, Roberto Baratta, también. Una mina que no produce y una central térmica que nunca se terminó. Así está hoy el panorama del complejo minero Yacimientos Caboníferos Rio Turbio (YCRT), una empresa estatal que transita momento de tensión por la decisión de despedir personal. Pero hay un condimento más.
El Gobierno decidió rescindir el contrato de construcción de la central térmica a carbón que hasta ahora tenía la compañía española Isolux Corsán. Los trabajos asignados a esta empresa implicaban una inversión de alrededor de US$220 millones. En conjunto, la inversión para la construcción de la usina a carbón ya demandó US$ 1000 millones.
La decisión se había tomado y el Ministerio de Energía esperaba el momento de comunicarlo. Fue hoy, con la resolución 144 publicada en el Boletín Oficial . La obra, paralizada desde hace dos años por fuertes diferencias en la compañía, concursada en España, y los funcionarios que responden al ministro Juan José Aranguren , podrá ahora volver a ser entregada a otra firma para que la termine. «Todavía no hay una decisión de cómo seguirá», comentaron en el Ministerio.
Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, se verán las caras Aranguren y los gremios que con paros y toma de la mina resistieron los despidos de personal que se dieron en el curso de este año. «Sin central terminada y que produzca no hay mina», fijo una fuente oficial.
La firma Isolux se presentó en concurso preventivo en Madrid. Durante estos últimos dos años hubo varios intentos de constructoras locales para quedarse con los activos en el país, que, básicamente, constaban de alguna concesión vial y varios contratos de obra pública en ejecución.
El de Río Turbio era el más polémico, pero también se contaba un tramo de la construcción del Paseo del Bajo ejecutado por el gobierno porteño. Sin embargo, este fue el primero en ser rescindido.
El empresario Marcelo Mindlin, comprador de la empresa constructora Iecsa, antes propiedad del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, fue uno de los primeros en mirar los activos. Luego llegó la mendocina Cartellone y finalmente, Eduardo Eurnekian con su firma Helport. Pero no hubo posibilidades de acuerdo.
El contrato de construcción se adjudicó el 6 de diciembre de 2007 por un monto de 2094 millones de pesos y era modalidad «llave en mano». La obra empezó formalmente en febrero de 2008. La obra sufrió innumerables modificaciones, hasta la instalación de sistemas para que funcione a gas, y la controversia entre el Gobierno y la empresa por los pagos por ese tipo de trabajos aumentó.
Con Aranguren, la posición de la compañía, que reclamaba un pago por pedidos de cambios realizados por la anterior administración y del Gobierno, que decía que la obra era cara y que estaba en un nivel de terminación bajo, se hicieron irreconciliables.
En el medio hubo una inauguración en plena campaña electoral de 2015 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner prendió una turbina sin que esté terminada. Salió caro el acto ya que se dañaron partes vitales de la caldera y del sistema de ventilación y refrigeración que aún no fueron reparadas.
Ahora el Gobierno tomará posesión de la obra y será hora de inventarios. Recién entonces, se empezará a despejar el futuro de una de las obras más polémicas que encaró el kirchnerismo.
FUENTE: La Nación