La justicia federal santafesina llamó a indagar a dos ex funcionarios nacionales del gobierno kirchnerista en una causa por defraudación al Estado, informaron este martes fuentes judiciales.
La medida fue impulsada por el juez federal 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien llamó a indagatoria para el 27 de marzo a Fernando Miguel Suárez, quien fue director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) entre 2003 y 2012, y a Antonio Alberto Vulcano, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015.
Las fuentes explicaron que ambos fueron citados por generar un presunto perjuicio a la administración pública a través irregularidades en la gestión de bienes del Estado.
Además, en la misma causa, se investiga a dos empresarios, que son directivos de las compañías Nation SA. y Vitacar. La indagatoria fue solicitada por el fiscal Gustavo Onel, quien sostuvo en declaraciones a la prensa que los apuntados «habrían administrado los bienes públicos con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido”.
En ese sentido, Onel precisó que el accionar de los funcionarios durante la gestión anterior y los empresarios mencionados generaron un perjuicio “en los intereses confiados y en violación a los deberes a su cargo, a resultas de lo cual habrían ocasionado un perjuicio penalmente relevante a las arcas públicas».
A su vez, Onel subrayó que los ex funcionarios permitieron a los empresarios ocupar, una vez vencidos los plazos, por un monto mínimo los predios ubicados en Las Heras y Leandro Alem, de la ciudad de Santa Fe, que pertenecen desde el 1900 a la ex Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F”.
Así, el fiscal explicó que la empresa Vitacar firmó un contrato en 1999, que venció en el 2001, con un costo mensual de 450 pesos mensuales por la ocupación del terreno, con el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios. Pero, según las fuentes, una vez vencido el contrato, la firma no se retiró del lugar.
Por su parte, Nation SA. firmó un contrato por 500 pesos mensuales por dos años, que venció en octubre del 2001, y no se tramitó la renovación.