Grupos de independentistas catalanes cortaron a primera hora del jueves numerosas carreteras en el inicio de una huelga general para protestar contra el juicio en Madrid a 12 de sus dirigentes implicados en el intento de secesión de 2017.
Según el servicio de tráfico regional, una veintena de carreteras fueron cortadas de forma intermitente por manifestaciones, entre ellas la autopista A7, que enlaza con Francia, y la A2, que comunica con Madrid, así como varias calles de Barcelona.
Además, se interrumpieron temporalmente dos líneas ferroviarias por la ocupación de las vías por parte de huelguistas, informaron las empresas gestoras de la red ferroviaria.
La policía regional intervino en varios puntos para desalojar las vías cortadas y detuvo a un manifestante en Barcelona que intentó agredir a un agente, según señaló un portavoz policial.
Pero, más allá de estas incidencias en la movilidad, la huelga no tenía gran afectación en Barcelona, donde la gran mayoría de comercios del centro estaban abiertos.
A mediodía está prevista una concentración en la céntrica plaza Universidad, donde se levanta la universidad más antigua de la ciudad, y por la tarde está convocada una manifestación en el elegante paseo de Gracia.
Huelga de «carácter político»
La huelga fue convocada por el pequeño sindicato independentista Intersindical CSC bajo el lema «sin derechos, no hay libertad» para protestar contra el juicio a los líderes regionales.
La protesta no fue secundada por los sindicatos mayoritarios y fue criticada por la patronal, que la considera una huelga de «carácter político», pero cuenta con el respaldo de los partidos y asociaciones independentistas.
Estos iniciaron la semana anterior un ciclo de movilizaciones en solidaridad con sus líderes juzgados y contra el sistema judicial español al que acusan de no ser neutral en este proceso.
El sábado, alrededor de 200.000 personas según la policía municipal marcharon por el centro de Barcelona tras la pancarta «La autodeterminación no es delito» sostenida, entre otros, por el presidente regional Quim Torra.
Su ejecutivo se solidarizó con los huelguistas y anuló todos los actos oficiales previstos para el jueves aunque no decretó el cierre de la administración regional.
Desde el 12 de febrero el Tribunal Supremo de Madrid juzga a doce dirigentes independentistas por la organización de un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia fallida.
La fiscalía los acusa de delitos como rebelión y malversación y reclama para ellos penas de entre 7 y 25 años de cárcel en el caso del ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
Está previsto que este jueves terminen las declaraciones de los acusados que, en los días anteriores, defendieron el carácter pacífico del movimiento y restaron valor a la proclamación unilateral de independencia, argumentando que simplemente era una declaración política sin efectos legales.
En ese sentido, Santi Vila, ex miembro del gobierno catalán, dijo este jueves al Supremo que la consulta del 1 de octubre, una vez prohibida por la justicia española, «muta de referendo a una gran movilización política».
«Se trataba de tensar la cuerda, pero que no se rompiera», enfatizó Vila, contra el que la fiscalía pide 7 años de cárcel por malversación de fondos públicos y desobediencia.
La fiscalía los acusa de articular una estrategia concertada entre el gobierno regional, el Parlamento y las asociaciones independentistas para forzar al margen de la ley la secesión de esta región del noreste de España.
A nueve de ellos les imputa rebelión, un grave delito que implica un «alzamiento violento», argumentando, entre otras razones, que los independentistas usaron a ciudadanos como «muros humanos» contra la policía enviada a impedir el referéndum.