El Fiscal del Tribunal Supremo español, Javier Zaragoza, defendió este miércoles la legitimidad del proceso contra los líderes del fallido proceso de secesión catalán y reafirmó su acusación de rebelión tras atribuirles un «plan criminal» y violento de «gran complejidad y alcance».
«Éste es un juicio en defensa de la democracia española, del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978», aseguró el fiscal, quien abrió la segunda jornada del histórico juicio que se lleva a cabo en el alto tribunal de Madrid.
Tras las alegaciones de las defensas en el arranque de las audiencias, el Supremo escuchó a las acusaciones -la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox-, quienes rebatieron la supuesta vulneración de derechos fundamentales denunciadas por los acusados.
No obstante, el fiscal Zaragoza fue el gran protagonista con un contundente alegato contra el argumento de criminalización de la disidencia política que hicieron las defensas, con especial énfasis la del ex vicepresidente Oriol Junqueras, para el que pide 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.
«Aquí no se juzga al independentismo, sino los gravísimos hechos que cometieron», dijo el fiscal, para quien defender lo contrario constituye una «falacia de colosales dimensiones». Y subrayó que si algún derecho se vulneró ese fue el de «la mayoría silenciosa de Cataluña que no participó de la votación», en referencia al referéndum del 1 de octubre, que había sido declarado ilegal.
Según el fiscal, los acusados trazaron «un plan criminal» en el que si bien no se utilizaron armas se empleó violencia, de ahí que se sostenga la acusación de rebelión. «Los disturbios y la violencia» del 1 de octubre, «no debe ser atribuida sino a quienes conociendo la ilegalidad del proceso movilizaron a miles de ciudadanos que como muros humanos impidieron la actuación policial», sostuvo.
Además, el representante del Ministerio Público defendió que las movilizaciones alentadas por las plataformas independentistas ANC y Omnium Cultural, encabezadas por los activista Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se emplearon «como instrumento para presionar y hacer claudicar al Estado».
Por otro lado, el también fiscal Fidel Cadena dijo que «defender el derecho a la autodeterminación es legítimo, siempre que se haga por vías legales». «La actividad política no justifica utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de la ley y tampoco intentar poner a los Mossos d’Esquadra al margen de la ley», insistió Zaragoza.
Las secesiones del juicio se reanudarán mañana con la declaración de Junqueras. Doce líderes secesionistas, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva, enfrentan penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta, por delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal, por su papel durante el fallido proceso secesionista catalán de 2017.
El juicio a los secesionistas es el de mayor trascendencia política de la historia democrática reciente de España, ya que lo que ocurra marcará el futuro del país en un momento de tensión y gran incertidumbre política, cuando el gobierno español del socialista Pedro Sánchez se dispone a convocar elecciones anticipadas tras perder el respaldo de los secesionistas.