El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá este jueves un nuevo mandato en condiciones extraconstitucionales, con solo cuatro gobernantes extranjeros invitados y en un clima de tensión creciente con la oposición y con la mayoría de los países de la región, que desconocen su reelección.
Debido al enfrentamiento interno, Maduro no jurará ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento), como lo establece la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con holgada mayoría opositora, la AN no solo desconoce el próximo mandato de Maduro sino que ayer debatió un anteproyecto de “ley de transición” con el objeto de “ejecutar políticamente” un cambio de gobierno.
El flamante presidente de la AN, Juan Guaidó, pidió el respaldo de “todos los sectores”, incluidos “los militares” y “la base política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, gobernante)” para lograr “las condiciones para un gobierno transitorio y nuevas elecciones dentro del marco de la Constitución”.
Maduro replicó hoy que está de acuerdo con una eventual disolución de la AN y un llamado a elecciones para renovarla, tal como propuso ayer un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada únicamente por chavistas y creada por el oficialismo para neutralizar al parlamento.
Asimismo, las fuerzas armadas ratificaron “su irrestricto apoyo y lealtad absoluta” al jefe del Estado, en un comunicado leído por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
En ese contexto, el TSJ, controlado por el oficialismo, convocó formalmente al jefe del Estado para tomarle juramento mañana, a las 10, por considerar que la AN se encuentra “en desacato”, según explicó ayer el presidente del tribunal, Maikel Moreno.
Paralelamente, escaló hoy el conflicto que enfrenta a Venezuela con 13 de los 14 países de la región que integran el Grupo de Lima y que declararon el viernes pasado que no reconocen la “legitimidad” del próximo mandato de Maduro y anunciaron que evaluarían medidas para sancionar a la administración chavista.
El canciller, Jorge Arreaza, citó esta mañana a los representantes diplomáticos de esos 13 países -entre ellos, el encargado de negocios de la embajada argentina, Eduardo Porretti- para entregarles una nota de protesta, tal como informó la cancillería venezolana en su cuenta en Twitter.
«Hoy se entregó a todos los gobiernos del ‘cartel de Lima’ esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad la soberanía», dijo Maduro en conferencia de prensa en Caracas, según reprodujo la agencia de noticias EFE.
Inmediatamente, esos diplomáticos fueron llamados de urgencia por sus respectivos gobiernos y ya abandonaron Caracas, con el fin de que no asistan mañana a la asunción de Maduro, según confirmaron a Télam fuentes de las cancillerías de al menos tres de esos países.
Mientras tanto, Perú anunció que prohibió el ingreso en su territorio de Maduro y otras 92 personas vinculadas con el régimen chavista, entre funcionarios, jueces, empresarios y familiares.
“Me parece que la decisión del Gobierno de Perú es una ridiculez, es una estupidez; no tiene ningún efecto”, respondió Maduro.
El único miembro del Grupo de Lima que no firmó la declaración del viernes es México, que, sin embargo, enviará un funcionario de cuarto nivel -ni el presidente, ni el canciller, ni el embajador- a la asunción de Maduro.
Lo mismo hará Uruguay, pese a que su canciller, Rodolfo Nin Novoa, afirmó ayer que el Grupo de Lima “está por fuera de toda institución orgánica” y “no tiene competencias” para desconocer el nuevo mandato de Maduro.
Los únicos cuatro jefes de Estado o de gobierno que confirmaron su asistencia a la jura de Maduro son los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Cuba, Miguel Díaz Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Osetia del Sur, Anatoli Bibílov, informó la televisora Globovisión.
El próximo mandato de Maduro es cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional porque en los comicios del 20 de mayo de 2018, en los que fue reelecto, no participó la mayoría de los adversarios del oficialismo, no se permitió la actuación de observadores independientes y votó menos de la mitad de los ciudadanos empadronados.