La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este martes la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala (Cambiemos-Chaco), procesada por lavado de dinero, para evitar que «obstaculice» la tramitación del juicio.
También confirmó la prisión preventiva del gremialista Jacinto Sampayo y de los empresarios Carlos Huidobro, Daniel Fischer, Pedro Martínez y Rolando Acuña.
En el fallo emitido por los jueces Rocío Alcalá, María Denogens y Eduardo Belforte se marcó que Ayala está «en posición de afectar el decurso del proceso, ya que cuenta con conocimientos y relaciones personales suficientes para la obstaculización del trámite en la etapa procesal de juicio».
También indicaron que dada la «gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos» y para «evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio», se «torna desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso».
El tribunal recordó que «confirmó oportunamente el procesamiento de Ayala» por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, como también por ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real.
Para la Cámara de Apelaciones «quedó acreditado que bajo la dirección de Aída Beatriz Máxima Ayala y Jacinto Amaro Sampayo se consolidó una asociación ilícita de carácter estable y permanente, producto del acuerdo de voluntades entre ellos».
El tribunal señaló demás que Ayala y Sampayo «por intermedio de personas de su más íntima confianza y lealtad» Huidobro, Fischer y Martínez realizaron acciones «con la finalidad de apoderarse ilegítima y deliberadamente de fondos provenientes del erario de la Municipalidad de Resistencia, asignados para el cumplimiento de los servicios específicos a su cargo».
En relación a Acuña señaló que su «procesamiento ordenado con prisión preventiva» se debió «al delito de fraude en perjuicio de la administración pública» de los cuales fue «partícipe necesario, en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y ser miembro de una banda».
Casación Penal dispuso el análisis de cada uno de los procesados con prisión preventiva y que se fundamenten los motivos de esa medida.