La Cámara de Diputados aprobó esta noche por unanimidad en general el proyecto de ley que apunta a combatir a las barras bravas.
Con 201 votos a favor y 3 abstenciones, la Cámara baja aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y la giró al Senado, que postergó su tratamiento para 2019.
El proyecto plantea incrementar en un tercio las penas mínimas y máximas prevista en el Código Penal para delitos como para delitos homicidio, lesiones, robo, bloqueo de calles o intimidación pública, cuando sean cometidos en oportunidad de un espectáculo deportivo.
Se establece una pena de dos a seis años de prisión para quien introduzca al estadio, guarde o porte armas blancas, artefactos químicos, pirotecnia, bengalas y químicos asfixiantes.
También una pena de cuatro a ocho años de cárcel para el que introdujere o guardare armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización.
En otro de los artículos, se fija una pena de uno a cuatro años de prisión al que, «mediante el empleo de violencia o intimidación, alterare el normal desarrollo de un espectáculo futbolístico» y, si el hecho fuera llevado a cabo entre dos o más personas, la pena será de dos a seis años.
Según el proyecto, los responsables de la emisión o distribución de entradas, organizadores o protagonistas que provean entradas a espectáculos futbolísticos a personas contempladas en la base unificada de datos y antecedentes, tendrán penas de uno a tres años de prisión.
La venta o distribución no autorizada de entradas tendrá una pena de uno a tres años de prisión y cuando del hecho participe un directivo del club o cualquier persona vinculada a la realización del evento, así como personas contempladas en la base de datos la pena será de tres a cinco años.
La tenencia, venta y distribución de entradas falsas o adulteradas tendrá una pena de uno a tres años de prisión y, si la tenencia fuere con fines a distribución o comercialización, será de dos a seis años de prisión.