Sin embargo, ese ente decidió adelantarse al martes en la noche, cuando informó que estaban habilitadas varias candidaturas, incluida la de Morales y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que buscarán su cuarto mandato consecutivo. Esto fue criticado por la oposición, los colectivos ciudadanos y la Iglesia católica boliviana. Según Astorga, por la actuación del TSE, «se puede observar un tribunal amañado, que hace las cosas por debajo, que no dice la verdad a la ciudadanía, por eso creemos que ha sido un fallo clandestino, por debajo de la mesa, ilegal». Los partidarios de Morales han defendido que la decisión del órgano electoral es correcta pues, según dicen, se enmarca en un fallo del Tribunal Constitucional emitido a instancias del oficialismo en 2017 y que da luz verde a la reelección indefinida. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, consideró que los resultados de las movilizaciones «no son ni mucho menos lo que sus organizadores estaban buscando», según la agencia de noticias estatal ABI. En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, minimizó la movilización y la calificó de «política». Por su parte, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana y aliado político de Morales, Juan Carlos Huarachi, aseguró que las actividades son normales en las áreas minera, fabril y petrolera, entre otras.]]>
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