La Sindicatura presentó un informe ante la Justicia en el que recomendó el cese de actividades de la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Santiago del Estero y Chaco
La crisis de Algodonera Avellaneda, la empresa textil vinculada a la familia Vicentin cuya quiebra fue declarada en octubre pasado, atraviesa una instancia decisiva. La Sindicatura que administra la firma recomendó ante la Justicia cerrar sus tres plantas industriales y desvincular a los 243 trabajadores que todavía dependen de la compañía, al considerar que no existen condiciones económicas para sostener la actividad.
El planteo fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien deberá definir si autoriza el cese definitivo de las operaciones o dispone alguna alternativa para la continuidad de la explotación. La información fue publicada por diario La Nación.
La recomendación comprende la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. En total, la medida tendría impacto sobre 204 trabajadores de la planta santafesina, 21 de Bandera y otros 18 de General Pinedo.
Los números que llevaron a recomendar el cierre
En su informe, la Sindicatura sostuvo que mantener las unidades productivas genera un desequilibrio económico que la empresa ya no puede afrontar. “El dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida”, expresaron en el documento presentado ante el magistrado.
Uno de los principales problemas está en los contratos de fasón, mediante los cuales Algodonera Avellaneda procesa materia prima de otras empresas. Los ingresos que obtiene por esos trabajos no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento.
En la hilandería de Reconquista, la facturación mensual por fasones ronda los $424,8 millones, mientras que los gastos pueden llegar a $1.239,5 millones. Dentro de esa estructura, unos $354,5 millones corresponden a salarios y cargas sociales, mientras que el consumo eléctrico representa entre $533 millones y $782,5 millones mensuales.
“Los fasones sólo cubren salarios”, advirtieron los síndicos, al señalar que el costo de la energía supera incluso los ingresos que genera la actividad.
A ese escenario se suma la deuda con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El organismo intimó a la compañía el 20 de octubre a pagar $4.603,9 millones bajo advertencia de suspender el suministro eléctrico. Sin embargo, el saldo exigible al 9 de octubre superaba los $9.281 millones.
Tres plantas y 243 puestos de trabajo en riesgo
La situación también afecta a las dos desmotadoras ubicadas fuera de Santa Fe. En Bandera y General Pinedo, la campaña de desmote finalizó en octubre y la próxima actividad está prevista recién para la cosecha de 2027. Por ese motivo, actualmente no generan ingresos propios y sus gastos se sostenían con anticipos de Vicentin por trabajos futuros.
Frente a este panorama, la Sindicatura recomendó extinguir los contratos laborales por causa de la quiebra. También solicitó que se adopten las medidas necesarias para que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones por desempleo y reclamar los créditos laborales que les correspondan.
El informe aclara que el cese de la explotación no supone abandonar las instalaciones. Por el contrario, propone conservar una dotación mínima de personal en cada establecimiento para realizar tareas de vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios.
El objetivo es preservar las plantas y sus maquinarias, de importante valor, hasta que se concrete la venta de los activos en el marco del proceso de quiebra.
La resolución ahora está en manos del juez Lorenzini. Su decisión definirá si Algodonera Avellaneda deja definitivamente de producir y qué ocurrirá con sus 243 trabajadores, en un desenlace que amenaza con profundizar el impacto económico y social de la quiebra en Reconquista, Bandera y General Pinedo.
