Hacen un fuerte reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con el envío de fondos que establece la ley 2901
Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad de Santa Fe le enviaron una carta al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a los legisladores nacionales santafesinos del bloque Provincias Unidas.
El texto comienza: “Quienes integramos las organizaciones firmantes nos dirigimos públicamente a usted, señor Gobernador, y a los legisladores nacionales que representan a nuestra provincia, particularmente a los diputados Gisela Scaglia y José Núñez, ante la gravedad de la situación que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y la trascendencia de las decisiones que deben adoptarse en el Congreso de la Nación”.
Las organizaciones son la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), Colegio de Terapeutas Ocupacionales, Colegio de Fonoaudiólogos, CTA Regional Rosaio, Colegio de Psicologas y Psicologos de Santa Fe- 2da Circunscripción Rosario – TransportIstas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (ATRAES), UENDISFE, ACDISFE, entre otros.
Por lo pronto, las organizaciones le trasladaron a la máxima figura política de Santa Fe «la urgencia de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional 24.901”.
“El eje central de la presente solicitud es irrenunciable: los derechos de las personas con discapacidad no pueden convertirse en moneda de cambio de ninguna negociación política o económica entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional. Detrás de cada institución que cierra, tratamiento o servicio que se interrumpe, hay personas que pierden autonomía e inclusión, y familias sumidas en la incertidumbre. La continuidad de estas prestaciones constituye un derecho reconocido por la ley vigente que debe ser resguardado frente a cualquier interés o disputa partidaria”, plantearon las instituciones firmantes.
En ese orden, destacaron que en el Congreso de la Nación “se debaten proyectos que tienen gran impacto sobre derechos adquiridos”. Por ello, y “habiendo elaborado propuestas concretas que hasta el momento no han recibido respuesta suficiente, le trasladamos al Gobenador los pedidos fundamentales de nuestro sector”.
«Le solicitamos al gobernador Maximiliano Pullaro que encabece las gestiones necesarias ante el Estado nacional para asegurar que los fondos destinados para el cumplimiento de la Ley 24.901 sean efectivamente garantizados y transferidos conforme a lo que la misma Ley establece. Y exigimos a los legisladores representantes de Provincias Unidas que, de cara a la sesión del 21 de octubre en el Congreso de la Nación, incorporen las modificaciones solicitadas por las organizaciones al proyecto de Ley en discusión».
“Frente a la ausencia de voluntad política para modificar el proyecto oficialista, reclamamos acompañen la iniciativa que permite prorrogar la emergencia en discapacidad, con el objetivo de evitar un colapso mayor”, reclamaron los firmantes de la misiva.
Además, “solicitamos a las autoridades fundamenten públicamente los motivos por los cuales se descartan las propuestas presentadas por las organizaciones. Le recordamos que la no regresividad en materia de Derechos constituye un principio fundamental de nuestra Constitución Nacional”, dijeron.
Asimismo, “demandamos que las decisiones que se toman sobre la crisis del sector sean tomadas y explicitadas con transparencia, no subordinando los derechos de las personas con discapacidad a los acuerdos o desacuerdos entre los gobiernos provincial y nacional”, agregaron las instituciones santafesinas.
Para el abanico de organizaciones que firmaron la carta al gobernador santafesino, “las decisiones que se adopten en el Congreso tendrán efectos concretos sobre miles de personas con discapacidad, sus familias, los trabajadores, las instituciones y los prestadores que diariamente sostienen este sistema”.
“Todavía existe la posibilidad de escuchar, corregir y construir una respuesta que evite profundizar el daño.Esperamos que nuestros representantes estén a la altura de esa responsabilidad.La discapacidad no puede esperar. Sus derechos no se negocia”, completaron.