El Ejecutivo envió al Concejo un proyecto para regular Uber, DiDi, Cabify y otras plataformas. Pero el debate ya enfrenta posiciones
Rosario abrió una nueva etapa en el debate por el funcionamiento de Uber y las demás plataformas de movilidad. El intendente Pablo Javkin envió al Concejo Municipal un proyecto que busca incorporar formalmente estos servicios a la normativa local, en un intento por establecer reglas para una actividad que ya tiene un uso extendido en la ciudad.
La propuesta incluye a plataformas como Uber, DiDi y Cabify y establece condiciones para los conductores, los vehículos y las propias aplicaciones. Entre otros requisitos, contempla licencia profesional, Verificación Técnica Vehicular y un seguro específico para el transporte de pasajeros. Los viajes deberán ser solicitados mediante una aplicación y los conductores no podrán levantar pasajeros en la calle bajo esta modalidad.
La iniciativa ya generó distintas reacciones en el Concejo y entre los sectores vinculados al transporte.
Qué propone el proyecto de Javkin
Uno de los argumentos del oficialismo es que la regulación permitiría pasar de una actividad que actualmente funciona por fuera del esquema municipal a un sistema con controles sobre vehículos y conductores.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, defendió esa postura: “Regular no es darle vía libre a nadie, a ninguna empresa, es exactamente al revés, es ponerle reglas donde hoy no las hay, es saber quién maneja, qué condiciones tiene que cumplir, qué seguro debe tener el auto”.
El proyecto establece además un esquema tarifario diferente para los viajes contratados mediante aplicaciones. El precio tendrá un piso equivalente al valor del boleto del transporte urbano, actualmente de $1.720, pero no tendrá un techo fijado por el Concejo.
En cambio, cuando un pasajero tome un taxi directamente en la vía pública, seguirá vigente el esquema tradicional de tarifa regulada por el Concejo, con bajada de bandera y fichas.
Taxis y remises también quedarían habilitados para realizar servicios de reparto y deberán incorporar herramientas de despacho mediante aplicaciones.
Qué reclama La Libertad Avanza
Desde La Libertad Avanza, el concejal Juan Pedro Aleart respaldó el debate sobre la legalización, aunque planteó diferencias con el alcance del proyecto oficial.
“La realidad pasó por encima de cualquier capricho político”, sostuvo el edil, quien cuestionó además los controles municipales sobre quienes actualmente trabajan mediante aplicaciones.
Aleart afirmó que el municipio retira anualmente unos 2.000 vehículos vinculados con las aplicaciones y que las multas pueden superar los dos millones de pesos.
El concejal consideró además que el proyecto presentado por Javkin “parece un copy paste” de una iniciativa que su bloque había presentado previamente. Su principal cuestionamiento está relacionado con las motos: sostuvo que la propuesta deja afuera a quienes realizan traslado de pasajeros en motocicletas.
También reclamó que una eventual revisión de las sanciones alcance a todos los conductores afectados y no solamente a taxistas y remiseros que utilizaron plataformas.
Los taxistas rechazan el proyecto
Los titulares de taxis se oponen a la medida. José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), cuestionó la iniciativa y sostuvo que legalizar las aplicaciones bajo este esquema implicaría una mayor precarización laboral.
“Desde ya, nosotros no lo vemos bien. Esto es precarizar aún más a todos los trabajadores, a los que hacemos taxi, a los que hacen Uber, a los que hacen Didi, es precarizar el sistema de servicios públicos, de transporte para abajo”, afirmó.
Iantosca planteó que el sector llegó a contar con unos 5.000 trabajadores formalizados, con obra social, ART, aportes jubilatorios y derecho a indemnización.
Según su mirada, el nuevo esquema podría modificar esas condiciones: “Van a pasar todos a trabajar en negro, precarizados o con suerte como monotributistas”.
La discusión por las tarifas dinámicas
Otro de los puntos que genera preocupación entre los taxistas es la posibilidad de que las aplicaciones establezcan tarifas variables de acuerdo con la demanda.
El proyecto fija un precio mínimo para los viajes contratados por aplicación, pero no establece un tope máximo. Por eso, Iantosca planteó dudas sobre lo que podría ocurrir durante la madrugada o ante situaciones de urgencia.
“Lo que me preocupa es qué va a pasar cuando una persona con una necesidad, con una urgencia, tenga que llamar a una aplicación a las tres, a las cuatro de la mañana y tenga que ir a un hospital, por ejemplo”, señaló.
Y planteó: “¿Cuánto le va a salir un viaje de 10 mil pesos hoy en taxi? ¿Qué le va a salir? 20, 30 mil pesos, una persona que vive en un barrio, llevar su hijo, su hija al hospital de niños”.
Motos y controles: otro punto de discusión
La utilización de motocicletas para transportar pasajeros aparece como uno de los temas pendientes del debate.
El proyecto del Ejecutivo no contempla el traslado de pasajeros en motos, por lo que esa modalidad no quedaría incorporada al nuevo esquema regulatorio.
Mientras LLA reclama incluirla, desde el sector de taxis también plantean interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización que tendrá el municipio para controlar a los nuevos prestadores.
Entre las cuestiones a definir aparecen el seguro específico para transporte de pasajeros, la revisión técnica de los vehículos y la licencia profesional de los conductores.
Un debate que llega al Concejo
El proyecto deberá ser analizado ahora por los concejales, en una discusión que lleva años en Rosario y que volvió a tomar impulso con la expansión del uso de las aplicaciones.
La propuesta del Ejecutivo modifica la normativa vigente sobre plataformas y busca incorporar a los servicios de movilidad contratados digitalmente al esquema regulatorio municipal. La presidenta del Concejo anticipó que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento en las próximas semanas.
Mientras tanto, las posiciones ya quedaron expuestas: el oficialismo plantea regular para establecer controles, LLA reclama un esquema más amplio que incluya a las motos, los choferes de aplicaciones defienden la posibilidad de trabajar bajo un marco legal y los titulares de taxis advierten por el impacto laboral, tarifario y sobre el sistema tradicional de transporte.