El ex teniente coronel del Ejército falleció a los 91 años mientras cumplía prisión domiciliaria. Había sido condenado en varias causas por delitos de lesa humanidad
Pascual Oscar Guerrieri, uno de los principales responsables del terrorismo de Estado que actuó en Rosario y el sur de Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar, falleció a los 91 años mientras cumplía prisión domiciliaria.
El ex teniente coronel del Ejército había sido condenado a prisión perpetua en distintas causas por delitos de lesa humanidad y se convirtió en una de las figuras emblemáticas de los juicios que investigaron el funcionamiento del aparato represivo en la región. Hasta sus últimos días nunca aportó información sobre el destino de las personas desaparecidas.
Un nombre ligado a la megacausa Guerrieri
Su apellido quedó asociado a la denominada megacausa Guerrieri, uno de los procesos judiciales más importantes desarrollados en Rosario tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
En ese expediente, la Justicia logró reconstruir el funcionamiento del circuito represivo coordinado por el Destacamento de Inteligencia 121 y establecer las responsabilidades de quienes participaron en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército.
El rol que ocupó durante la dictadura
Guerrieri fue segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 y también integró el Batallón de Inteligencia 601, desde donde coordinó operativos contra militantes políticos, trabajadores, estudiantes y dirigentes sociales.
Las investigaciones judiciales determinaron su participación en el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención que operaron en la región, entre ellos la Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia y la Escuela Magnasco.
En esos lugares, cientos de personas fueron secuestradas, sometidas a torturas y, en numerosos casos, permanecen desaparecidas.
Nunca reconoció los crímenes
Durante su declaración ante la Justicia en 2009, Guerrieri rechazó las acusaciones en su contra, se definió como un «ejecutor del Ejército» y sostuvo que en Argentina «se libró una guerra», negando la existencia del terrorismo de Estado.
Su muerte cierra la vida de uno de los principales responsables del plan represivo en Rosario, aunque deja intacta una de las mayores deudas pendientes con las víctimas y sus familias: conocer el destino de los desaparecidos y la verdad completa sobre lo ocurrido durante la dictadura.