Dirigentes sindicales de distintos sectores coincidieron en que la iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei, de revisar unos 150 convenios colectivos de trabajo, representa una amenaza para el movimiento obrero y anticiparon su defensa de los actuales mecanismos de protección laboral
La decisión del gobierno nacional de avanzar con la revisión de unos 150 convenios colectivos de trabajo encendió la alarma en el movimiento sindical. La medida, que será impulsada a través de convocatorias de la Secretaría de Trabajo a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar acuerdos vigentes a los lineamientos de la reforma laboral promovida por la gestión de Javier Milei, generó una fuerte reacción de la CGT y de dirigentes gremiales de Rosario.
Desde la central obrera nacional ya manifestaron su rechazo al diagnóstico oficial que considera a los convenios colectivos como herramientas obsoletas. En la ciudad, referentes sindicales de distintos sectores coincidieron en advertir que la iniciativa apunta a flexibilizar las condiciones laborales, reducir derechos adquiridos y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza Rosario, sostuvo que la preocupación no debe limitarse a los gremios. “Esto tiene que preocupar a toda la sociedad porque si se recortan derechos no se va a favorecer la creación de empleo. No existe una ley que cree trabajo; lo que genera empleo es un modelo económico”, afirmó.
El dirigente remarcó que medidas similares ya fueron aplicadas en otros momentos de la historia argentina sin resultados positivos sobre el mercado laboral. Además, alertó que una mayor flexibilización podría derivar en salarios más bajos, una caída del consumo y un debilitamiento del sistema previsional. “Menos dinero circulando significa menos poder adquisitivo, más comercios cerrando y menos producción. No es bueno para nadie”, concluyó.
En la misma línea se expresó Marcelo Pipi Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores de Rosario, quien consideró que la propuesta oficial “va en contra del movimiento obrero” y beneficia a sectores empresariales que buscan evitar la discusión paritaria. “Es una visión muy equivocada”, señaló.
Andrada también respaldó el accionar de la CGT y reclamó una participación más activa de los sectores políticos opositores. “Deben realizar las denuncias correspondientes frente a medidas que van en contra del bienestar general de los argentinos”, sostuvo.
Por su parte, Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, fue aún más contundente. “Esto busca la destrucción del movimiento obrero”, afirmó al advertir sobre la posibilidad de que se prioricen convenios por empresa.
Según explicó, ese esquema generaría profundas desigualdades entre trabajadores de distintas regiones o actividades. “Habría trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. Los convenios colectivos deben ser para todos”, señaló. Además, aprovechó para reiterar el reclamo histórico de los municipales por un convenio colectivo nacional que garantice condiciones mínimas para el sector en todo el país.
Desde la CGT Rosario, el secretario adjunto y titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, cuestionó la intervención del Gobierno en un ámbito que, a su entender, debe quedar exclusivamente en manos de trabajadores y empleadores.
“Como movimiento obrero rechazamos el impulso del Gobierno nacional a discutir los convenios colectivos de trabajo. Lo que tiene que existir es la voluntad de las partes para llegar a acuerdos”, expresó.
Lucero también puso en duda las garantías de autonomía sindical en una negociación impulsada por una administración que, según consideró, promueve la flexibilización laboral. “Se están generando ámbitos para que existan más flexibilizaciones y convenios con escalas salariales a la baja”, advirtió.
Otra de las voces críticas fue la de Claudio García, secretario adjunto del Sindicato de Encargados de Edificios de Santa Fe, quien planteó que el debate central pasa por definir si la reforma laboral representa una modernización o una eliminación de derechos históricos.
“El Gobierno y algunos sectores empresariales sostienen que el sistema laboral argentino es obsoleto, pero los sindicatos entendemos que esta medida ataca el corazón del modelo sindical argentino y busca debilitar a los trabajadores”, afirmó.
Para García, detrás de la revisión de los convenios colectivos existe una estrategia orientada a reducir la capacidad de negociación de las organizaciones gremiales y fragmentar la representación de los empleados frente a los empleadores.
Finalmente, Sergio Ricupero, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos de Rosario, consideró que la iniciativa profundiza una tendencia de pérdida de derechos laborales que ya se observa en distintos aspectos de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
“Ya la reforma laboral implica una quita de derechos. La eliminación de la ultraactividad de los convenios y la prioridad de los acuerdos por empresa buscan debilitar la representación sindical”, aseguró.
Además, cuestionó el argumento oficial de que una mayor flexibilización favorecerá la creación de empleo. “Les dieron todas las ventajas y los despidos continúan. En nuestra actividad también crece el trabajo no registrado”, sostuvo.
Mientras el Gobierno nacional se prepara para avanzar con la discusión de los convenios colectivos, los gremios rosarinos cerraron filas en defensa de la negociación colectiva y advirtieron que resistirán cualquier intento de modificar derechos que consideran fundamentales para los trabajadores argentinos.