La Secretaría de Trabajo comenzará a convocar a gremios y cámaras empresarias para renegociar unos 150 convenios colectivos. Desde la CGT advierten que la reforma laboral impulsada por el Gobierno pone en riesgo conquistas históricas
La decisión del Gobierno nacional de avanzar en la revisión de unos 150 convenios colectivos de trabajo abrió un nuevo foco de conflicto con el movimiento sindical. Desde la CGT y distintos gremios advierten que la medida forma parte de una estrategia orientada a flexibilizar las relaciones laborales, debilitar la negociación colectiva y avanzar sobre derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha.
La puesta en marcha de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral comenzará a tener impacto concreto en los próximos días, cuando la Secretaría de Trabajo convoque a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar los convenios vigentes a los nuevos lineamientos establecidos por la reforma impulsada por el presidente Javier Milei.
Para el Gobierno, el objetivo es modernizar los acuerdos laborales y adaptarlos a los cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, desde el sindicalismo sostienen que detrás de ese argumento se esconde una profunda modificación del sistema de protección laboral argentino.
La defensa de la negociación colectiva
Uno de los principales cuestionamientos de la CGT apunta al intento de avanzar sobre los convenios colectivos por actividad, una herramienta que históricamente permitió establecer condiciones mínimas de trabajo para miles de trabajadores de una misma rama productiva.
La preocupación gremial crece especialmente por la posibilidad de que ganen protagonismo los acuerdos por empresa, una modalidad que podría fragmentar la representación de los trabajadores y generar negociaciones desiguales según la situación económica de cada firma.
Para las organizaciones sindicales, este esquema favorece una mayor presión patronal sobre los trabajadores y debilita la capacidad de negociación colectiva.
«Lo que está en discusión no es sólo una actualización administrativa de los convenios, sino el modelo de relaciones laborales que tiene la Argentina», sostienen desde distintos sectores gremiales.
Preocupación por la pérdida de derechos
Otro de los puntos más cuestionados es la modificación del principio de ultraactividad, que garantizaba la continuidad de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que se firmara uno nuevo.
Si bien algunas cláusulas laborales seguirán vigentes, la nueva normativa elimina mecanismos considerados fundamentales para el funcionamiento sindical, como los aportes solidarios y otras herramientas de financiamiento de las organizaciones gremiales.
Desde la CGT rechazan además el diagnóstico oficial que presenta a los convenios colectivos como estructuras obsoletas.
El abogado laboralista de la central obrera, Gustavo Ciampa, recordó que la negociación colectiva nunca estuvo paralizada y que durante los últimos años los convenios fueron actualizándose de manera permanente mediante acuerdos entre sindicatos y empleadores.
Salarios atados a productividad y más incertidumbre
Entre los cambios incorporados por la reforma aparece el denominado «salario dinámico», un esquema que habilita componentes salariales vinculados a la productividad, el desempeño individual o la situación económica de las empresas.
Para el Gobierno, se trata de una herramienta que puede incentivar la contratación y mejorar la competitividad. Sin embargo, desde los gremios advierten que podría transformarse en un mecanismo para deteriorar los salarios y trasladar a los trabajadores los riesgos de las crisis empresarias.
«La productividad no puede convertirse en una excusa para pagar menos o condicionar el salario a variables que el trabajador no controla», sostienen dirigentes sindicales.
Fondos de despido y sindicatos de empresa
La reforma también genera rechazo por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca reemplazar progresivamente las indemnizaciones tradicionales por despido mediante fondos de capitalización.
Mientras el Ejecutivo afirma que la medida reducirá la litigiosidad y favorecerá la generación de empleo, el movimiento obrero considera que implica una pérdida de protección frente a despidos arbitrarios.
A su vez, la flexibilización de los requisitos para disputar la representación gremial dentro de las empresas es interpretada por numerosos dirigentes como un intento de promover sindicatos de empresa y fragmentar la organización sindical.
Por eso, en el ámbito gremial crece la convicción de que la discusión que se abre no será solamente técnica ni administrativa. Para la CGT y los sindicatos, la revisión de los convenios colectivos representa una disputa de fondo sobre el futuro de los derechos laborales y sobre uno de los pilares históricos del movimiento obrero argentino: la negociación colectiva como herramienta de defensa de los trabajadores.