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Rosario tendrá su primer juicio por jurados: cómo funcionará el proceso y quiénes pueden participar


El debate comenzará este lunes en el Centro de Justicia Penal y será el primero bajo esta modalidad en Rosario y el sexto en Santa Fe. Doce ciudadanos deberán decidir por unanimidad sobre la culpabilidad o inocencia del acusado

Rosario vivirá un hecho histórico para el sistema judicial santafesino. Este lunes 9 de junio comenzará en el Centro de Justicia Penal el primer juicio por jurados de la ciudad, una modalidad que incorpora la participación directa de ciudadanos en la resolución de causas penales de especial gravedad.

El proceso se extenderá hasta el jueves 12 de junio y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe. Se trata del sexto juicio por jurados realizado en la provincia desde la entrada en vigencia de la nueva normativa.

El debate será presidido por la jueza Eleonora Verón. La acusación estará a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, mientras que la defensa será ejercida por la defensora pública Nora Gaspire. Por disposición judicial, no se brindaron detalles sobre el caso ni sobre las circunstancias del homicidio que se juzgará.

Cómo será el desarrollo del juicio

Las audiencias comenzarán el lunes con la apertura formal del proceso. Durante martes y miércoles se presentarán las pruebas y declararán los testigos convocados por las partes.

Finalmente, el jueves tendrán lugar los alegatos de cierre y luego comenzará la deliberación del jurado popular.

La responsabilidad de los 12 integrantes del jurado será determinar si la persona acusada es culpable o no culpable. Para llegar a una decisión deberán alcanzar un veredicto unánime y deliberar de manera secreta y reservada.

En caso de que el jurado considere que el acusado no es culpable, la jueza deberá dictar la absolución. Si el veredicto es condenatorio, será la magistrada quien determine posteriormente la pena correspondiente.

Quiénes integran el jurado

El modelo adoptado por Santa Fe establece la participación de 12 jurados titulares y dos suplentes, todos ciudadanos sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad.

Quedan excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan algún tipo de relación con las partes involucradas en el juicio.

De las 36 personas convocadas inicialmente, se selecciona el jurado definitivo respetando criterios de paridad de género.

Cuánto cobran los jurados

Desde el Poder Judicial explicaron que integrar un jurado constituye una carga pública, similar a la obligación de votar.

Los ciudadanos convocados cuentan con protección laboral durante el tiempo que dure el juicio, reciben viáticos para traslados y perciben una remuneración diaria equivalente a medio jus.

Teniendo en cuenta que actualmente el valor del jus asciende a 124.873 pesos, cada integrante del jurado cobrará alrededor de 63 mil pesos por jornada.

Un cambio de paradigma en la Justicia

La implementación del juicio por jurados fue establecida mediante la Ley Provincial Nº 14.253, sancionada en marzo de 2024 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La normativa se aplica para delitos graves como homicidios calificados, robos seguidos de muerte, abusos sexuales seguidos de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

Al momento de la sanción de la ley, el secretario de Justicia provincial, Santiago Mascheroni, destacó que el sistema está previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y que su implementación permite que “la sociedad juzgue a sus pares”, fortaleciendo la participación ciudadana y la transparencia en la administración de justicia.

Con este primer proceso en Rosario, Santa Fe continúa avanzando en la aplicación de una herramienta que ya funciona en varias provincias argentinas y que busca acercar a los ciudadanos a una de las decisiones más trascendentes del sistema judicial: determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de un delito grave.