La iniciativa del diputado provincial Miguel Rabbia propone crear un sistema integral de defensa de consumidores y usuarios, con nuevas herramientas para controlar abusos financieros, fortalecer oficinas municipales y atender casos de endeudamiento familiar
El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, una iniciativa que busca modernizar la legislación santafesina tras la reforma constitucional de 2025 y fortalecer las herramientas del Estado para intervenir ante conflictos de consumo, abusos comerciales y situaciones de sobreendeudamiento.
La propuesta, impulsada junto al interbloque peronista y elaborada con aportes del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, apunta a construir una política pública integral que vaya más allá de la atención de reclamos individuales y contemple acciones de prevención, educación, control y acceso efectivo a la justicia.
“Buscamos actualizar el marco normativo y garantizar una protección más amplia para consumidores y usuarios en toda la provincia”, señalaron desde el espacio legislativo.
Foco en el sobreendeudamiento de las familias
Uno de los ejes principales del proyecto está vinculado al creciente problema del endeudamiento familiar. La iniciativa establece que las entidades financieras y no financieras que otorguen créditos de consumo deberán implementar mecanismos para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes, brindar información clara sobre las condiciones de contratación y aplicar medidas especiales para personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta alcanza no sólo a bancos, sino también a mutuales, cooperativas, comercios y casas de electrodomésticos que financien la compra de bienes mediante créditos.
Además, crea un sistema de “Conciliación Administrativa de Saneamiento del Sobreendeudamiento”, destinado a facilitar acuerdos entre consumidores y acreedores antes de llegar a instancias judiciales.
Más herramientas para la defensa del consumidor
El proyecto también prevé una nueva estructura institucional para fortalecer la protección de consumidores y usuarios en toda la provincia.
La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, con facultades para realizar inspecciones, aplicar sanciones y coordinar políticas junto a municipios y organismos nacionales.
En paralelo, la iniciativa impulsa el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), la creación de una Red Provincial de coordinación y el desarrollo de una Oficina Virtual de Defensa de las Personas Consumidoras para realizar trámites y reclamos de manera digital desde cualquier localidad santafesina.
Digitalización y acceso más sencillo a los reclamos
Entre las novedades que incorpora el proyecto figura la digitalización de los procedimientos administrativos, la posibilidad de realizar audiencias virtuales y la implementación de mecanismos gratuitos de notificación para consumidores, incluyendo la figura de un “telegrama electrónico de consumo”.
Asimismo, los municipios podrían asumir mayores competencias mediante convenios con la Provincia, incluso para tramitar expedientes y aplicar sanciones, financiándose parcialmente con recursos provenientes de multas efectivamente cobradas.
Un consejo asesor para diseñar políticas públicas
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo Asesor de los Consumidores integrado por universidades, asociaciones de defensa del consumidor, colegios profesionales, representantes del Poder Judicial, cámaras empresarias, legisladores y oficinas municipales.
Su función será colaborar en la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas vinculadas a la defensa de consumidores y usuarios.
El proyecto se enmarca en una agenda legislativa impulsada por el espacio político que lidera el senador nacional Marcelo Lewandowski, que en las últimas semanas promovió iniciativas relacionadas con el control de los intereses de las tarjetas de crédito y la prevención del endeudamiento familiar.
Antes de avanzar en su tratamiento legislativo, los impulsores plantearon la realización de audiencias públicas para recoger aportes de organizaciones sociales, especialistas, asociaciones de consumidores y representantes del sector económico, con el objetivo de consensuar una norma que podría convertirse en el marco regulatorio más amplio en materia de defensa del consumidor en Santa Fe en las últimas décadas.