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Crisis en discapacidad: peligra el futuro de la Asociación Civil Alas y 30 familias podrían quedar sin atención


La institución rosarina, con 38 años de trayectoria en el acompañamiento de personas con discapacidad intelectual, advirtió que podría cerrar sus puertas en agosto por una millonaria deuda del programa Incluir Salud

La profunda crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina amenaza ahora la continuidad de una institución histórica de Rosario. La Asociación Civil Alas, que desde hace 38 años trabaja en la inclusión y acompañamiento de personas con discapacidad intelectual, advirtió que podría cerrar sus puertas en agosto debido a una millonaria deuda acumulada por parte del programa Incluir Salud.

La situación fue expuesta por Marina Tur, coordinadora de la entidad ubicada en la zona sur de la ciudad, quien señaló que la falta de pagos pone en riesgo la continuidad de las actividades y el sostenimiento de los puestos de trabajo.

“La situación es bastante crítica. Creemos que hasta julio podremos mantener nuestras actividades, pero si no hay respuestas concretas, en agosto no podremos abrir las puertas ni brindar los servicios a los chicos”, sostuvo en declaraciones radiales.

Un espacio de contención para 30 personas y sus familias

Actualmente, la Asociación Civil Alas acompaña a 30 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual a través de distintos talleres terapéuticos y de integración social.

Las actividades incluyen propuestas vinculadas al arte, el deporte, la formación laboral, la autonomía personal y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. Además, la institución cumple un rol clave en la articulación con centros de salud y en el acompañamiento permanente a las familias.

“Uno de nuestros principales objetivos es prepararlos para la vida cotidiana, promover su independencia y brindarles herramientas para desenvolverse en la sociedad”, explicó Tur en diálogo con LT8.

La posible interrupción de estas tareas genera una profunda preocupación entre trabajadores, usuarios y familiares.

Una deuda cercana a los 90 millones de pesos

Según detallaron desde la entidad, la deuda acumulada por Incluir Salud asciende a casi 90 millones de pesos y se arrastra desde noviembre del año pasado.

“Hace pocos días recibimos un pago correspondiente a enero de 2026, pero fue una suma mínima que no alcanza ni a la mitad de lo adeudado. No hubo ninguna respuesta respecto a noviembre y diciembre de 2025. Sentimos que fue una burla”, afirmó la coordinadora.

La situación se agravó luego de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación tras las denuncias de corrupción que involucraron a sus autoridades.

También están en riesgo 26 puestos de trabajo

La crisis no sólo afecta a las personas que reciben atención. En la Asociación Civil Alas trabajan 26 profesionales entre equipos terapéuticos, administrativos y personal auxiliar.

“Somos 26 personas que podríamos perder nuestro trabajo. Pero además de eso, nos preocupa qué va a pasar con los chicos y sus familias si la institución deja de funcionar”, remarcó Tur.

La referente destacó que Alas logró superar momentos complejos a lo largo de su historia, incluyendo la pandemia de coronavirus, pero reconoció que el escenario actual aparece como uno de los más difíciles desde su creación en 1988.

Reclamo por la emergencia en discapacidad

Ante este panorama, la institución participa junto a otras organizaciones del sector en distintas acciones para visibilizar la problemática y reclamar soluciones urgentes.

En ese marco, respaldan la iniciativa impulsada por el diputado provincial Carlos Del Frade para declarar la emergencia en discapacidad y generar herramientas que permitan sostener el funcionamiento de los espacios de atención.

“Seguimos creyendo que alguien nos va a escuchar. Necesitamos respuestas a corto plazo porque de lo contrario las puertas se van a cerrar”, concluyó Tur.

La situación de Alas refleja una problemática que se repite en distintas instituciones del país y que pone en jaque la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad y sus familias.