Hasta el momento las pericias confirman que son 114 fallecidos, pero el número sería aún mayor
Un año se cumple del inicio de la causa por el fentanilo adulterado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. del empresario Ariel García Furfaro, que desentramó lo que se considera como la peor crisis sanitaria de la Argentina. Hasta el momento las pericias confirman que son 114 fallecidos, pero el número sería aún mayor. A 365 días, el sistema todavía no da respuestas y la lucha continúa con el objetivo de que la Justicia pueda condenar a los responsables.
El 12 de mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó la denuncia luego de que a fines de abril de ese año el Hospital Italiano de La Plata haya reportado un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales y que provocó varias muertes. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) y que fueron producidas en diciembre de 2024 por los laboratorios de Furfaro.
Con la denuncia, se dio inicio a una investigación, la cual quedó a cargo del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, de Ernesto Kreplak, y de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata.
En el caso hay 14 procesados, entre los que se encuentran Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta, a cargo de la pesquisa junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
Antes del inicio de la investigación, la ANMAT sacó diversas alertas sobre los lotes contaminados, pero todo cambió el 13 de mayo cuando se dispuso las inhibiciones de producción en las plantas HLB Pharma y Ramallo S.A.
El entramado de la causa no surgió por una simple falta, si no que enmarca el déficit que atraviesa en la actualidad las diversas instituciones sanitarias de la Argentina, así como también los poderosos que trabajan bajo la negligencia absoluta.
Durante el 2025 se supo que los laboratorios recibieron varias alertas y prohibiciones de la ANMAT por incumplimientos y problemas en la trazabilidad de dopamina, Propofol, diclofenac, morfina y fentanilo. Sin embargo, dichas empresas nunca fueron inhabilitadas.
A su vez, con las declaraciones de los acusados, se supo que, de manera interna, se sabía de la adulteración, pero se omitían los detalles para no perder ventas.
Todos los laboratorios deben realizar los cultivos microbiológicos antes de lanzar cualquier medicamento inyectable y que el resultado recién se conoce a los 14 días. Aun así, en Ramallo la instrucción de continuar vendiendo venía “desde arriba”, pese a que todavía no se sabía si existía alguna posible contaminación, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
También se indicó que los resultados microbiológicos que daban positivo se asentaban en cuadernos específicos, pero que desaparecían cuando había rumores de inspección.
Se estima que se distribuyeron en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo de la empresa HLB Pharma y de acuerdo a la información oficial, se lograron recuperar todos los lotes infectados.
Hasta ahora se registraron muertes en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal, pero el temor en otras provincias no cesa. Hasta el día de hoy todavía hay familias que continúan su lucha para saber si algún cercano sobrevivió al opioide adulterado o si falleció.
Las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense confirman por el momento que, de los casos analizados, la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”.
Durante meses se desarrolló una investigación paralela a través de una Comisión en el Congreso y en el cierre los resultados fueron determinantes: las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes, los cuales fueron confirmados hasta por los propios empleados.
Cada víctima es una historia que se unifica en una misma lucha por hallar justicia. Desde un bebé recién nacido, un adolescente, un profesor, un trabajador, un jubilado, todos son vidas que la negligencia y la falta de control quitaron y ahora solo queda seguir por un mismo camino.