En medio de más de 150 casos en pocos días, el gobierno provincial aplicó un nuevo protocolo que obliga a pagar hasta 6 millones de pesos por cada intervención
La provincia de Santa Fe atraviesa días de fuerte preocupación por la ola de amenazas en escuelas. En menos de una semana, el gobierno registró más de 150 alertas y ya logró identificar a siete personas como responsables de estos hechos.
Las intimidaciones se intensificaron tras el violento episodio ocurrido en San Cristóbal, que derivó en la muerte de un estudiante, y generaron múltiples operativos de seguridad en instituciones educativas de todo el territorio santafesino.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, advirtió que este tipo de acciones “es un delito que acarrea consecuencias penales y económicas”.
Operativos millonarios y sanciones
Siguiendo la línea del ministro Pablo Cococcioni, el gobierno provincial remarcó que cada procedimiento tiene un costo que oscila entre 5 y 6 millones de pesos, monto que será reclamado a los responsables.
En caso de tratarse de personas adultas, deberán afrontar directamente las consecuencias. Si los autores son menores de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus padres o tutores.
“Esto no es un juego, es un delito tipificado en el Código Penal”, enfatizó Orciani, quien además pidió mayor compromiso de las familias para frenar estas conductas.
Más de 150 intervenciones en pocos días
Entre el 16 y el 22 de abril, se contabilizaron 158 intervenciones por amenazas o mensajes intimidatorios en escuelas. Aunque se confirmó la identificación de siete personas, no trascendieron detalles sobre su identidad ni los casos puntuales en los que estuvieron involucradas.
Cómo funciona el nuevo protocolo
El gobierno santafesino puso en marcha un protocolo específico para recuperar los costos de los operativos, formalizado en la resolución 1.201/26.
El procedimiento establece que el Ministerio Público de la Acusación debe identificar a los responsables. Luego, el Ministerio de Seguridad calcula los gastos en base a los recursos utilizados, que pueden incluir la intervención de fuerzas especiales como la Policía, la PDI, bomberos o brigadas específicas.
Una vez determinado el monto, se emite una intimación de pago con un plazo de cinco días. Si no se cumple, el Estado podrá avanzar con acciones judiciales para recuperar el dinero.
Un intento por frenar la escalada
La medida apunta a desalentar las amenazas, muchas veces originadas en bromas o desafíos virales, pero que implican un enorme despliegue de recursos y generan temor en la comunidad educativa.
Desde el gobierno provincial insistieron en que se trata de una problemática grave que requiere responsabilidad social y acciones concretas para evitar su repetición.