Desde ATE advierten que la eliminación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial pone en riesgo la producción, la calidad de productos y cientos de puestos de trabajo
La decisión del gobierno nacional de dar de baja más de 900 prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial generó fuerte preocupación en Rosario y en todo el país. Desde el organismo, trabajadores nucleados en Asociación Trabajadores del Estado denuncian un proceso de desmantelamiento que impacta de lleno en el entramado productivo, especialmente en las pymes.
En ese marco, la delegada de ATE e integrante del INTI en Rosario, Mariana Elizondo, cuestionó la medida y advirtió sobre sus consecuencias: “Se está desmantelando una herramienta clave para la producción y para el control de calidad que protege a los consumidores”, afirmó en declaraciones a Radio UNR.
Un rol clave para la producción
El INTI cumple funciones estratégicas en la asistencia tecnológica a empresas, sobre todo a pequeñas y medianas que no cuentan con recursos propios para desarrollar ensayos, prototipos o mejoras de procesos.
“El instituto brinda desde pruebas en plantas piloto hasta asesoramiento técnico con profesionales altamente capacitados. Es un respaldo fundamental para quienes quieren producir y no tienen cómo validar sus procesos”, explicó Elizondo.
Además, remarcó que muchas de estas prestaciones no tienen reemplazo en el ámbito privado. “Hay ensayos que directamente no se hacen en otro lugar del país, como los vinculados a sustancias peligrosas o certificaciones necesarias para exportar productos. Sin eso, se pone en riesgo toda una cadena productiva”, sostuvo.
Controles que impactan en la vida cotidiana
Desde el organismo también alertan sobre el impacto en los controles técnicos que forman parte de la vida diaria. Entre ellos, la verificación de surtidores de combustible, controles de envases y análisis de alimentos.
“Son tareas que la sociedad da por sentadas, pero requieren de un respaldo técnico que hoy está en riesgo”, indicó la delegada.
Empleo en riesgo y conflicto en puerta
La medida también tiene consecuencias directas en los trabajadores. Según señalaron, alrededor de 700 empleados podrían quedar sin tareas, lo que los ubica en una situación cercana al pase a disponibilidad.
“En la práctica es un despido diferido”, advirtió Elizondo, quien además señaló que el organismo ya venía atravesando recortes en áreas clave como viáticos, movilidad y recursos operativos.
Frente a este escenario, el conflicto se profundiza. Desde Asociación Trabajadores del Estado confirmaron que el sector se encuentra en estado de alerta y movilización, con asambleas en marcha y un paro nacional previsto para el 21 de este mes.
“La preocupación es muy grande porque lo que está en juego no es solo el trabajo, sino el rol del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo”, concluyó la referente sindical.