La publicación llegó tras una intimación judicial, aunque desde Discas en Lucha aseguran que la norma se aplica de forma parcial y con financiamiento condicionado
A pocas horas de vencer el plazo fijado por la Justicia federal, el Gobierno nacional publicó la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad. La medida, que fue presentada oficialmente como un avance, generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones y colectivos del sector, que consideran que el texto no resuelve la crítica situación que atraviesan miles de personas con discapacidad en todo el país.
Uno de los puntos que concentra mayores objeciones es el esquema de financiamiento previsto, basado en un sistema de cofinanciamiento entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condicionado a la “disponibilidad presupuestaria” de cada jurisdicción. Para las organizaciones, esta cláusula deja abierta la puerta a que el ajuste continúe y que las responsabilidades se diluyan entre distintos niveles del Estado.
“Esto no soluciona la vida de las personas con discapacidad. La reglamentación sale por apuro, para evitar sanciones judiciales, y no por una decisión política real de garantizar derechos”, sostuvo Laura Alcaide, integrante de la Asamblea Discas en Lucha y del colectivo Orgullo Disca, quien remarcó que el sector viene soportando un fuerte recorte desde el inicio de la gestión actual.
En ese sentido, advirtió que la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y la pérdida de autonomía y programas agravaron el escenario. “Cuando se quiera aplicar esta ley, vamos a encontrar millones de trabas”, expresó, y agregó que la reglamentación incluso profundiza las limitaciones que ya tenía la norma original.
Entre las principales urgencias no resueltas, las organizaciones señalan la situación del empleo protegido, donde existen trabajadores con discapacidad que perciben ingresos irrisorios. “Hay personas que cobran 18 mil pesos por mes. La prioridad debía ser que pasen a cobrar, como mínimo, un salario mínimo vital y móvil, y eso no está garantizado”, indicó Alcaide.
También se cuestiona el abordaje del régimen de pensiones, ya que si bien se menciona un proceso de revisión, no se establece con claridad la restitución inmediata de las pensiones suspendidas de manera irregular, una demanda central de los colectivos.
Otro aspecto que genera desconfianza es que el Gobierno mantenga su apelación judicial contra la ley mientras avanza con su reglamentación. Para las organizaciones, se trata de una estrategia para dilatar la aplicación efectiva y trasladar la responsabilidad a las provincias.
Pese a este escenario, desde Discas en Lucha remarcan que la reglamentación es resultado de la movilización y la presión social. “Es una victoria parcial, pero el conflicto sigue abierto. Vamos a continuar en las calles defendiendo nuestros derechos”, concluyeron.