Desde la Pastoral Carcelaria advirtieron que poner el eje sólo en el castigo “parcializa” la discusión. El padre Fernando Bustamante sostuvo que “los jóvenes quedaron solos”
Mientras el gobierno nacional impulsa la discusión de una nueva ley penal juvenil que incluye la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, la Iglesia en Rosario salió a marcar una posición crítica y reclamó un debate mucho más amplio, que no se limite a endurecer las respuestas penales.
Desde la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis, el padre Fernando Bustamante, delegado episcopal del área, señaló que el foco no debería estar puesto exclusivamente en los menores de edad, sino en las condiciones sociales que atraviesan a niños y adolescentes. “Estamos poniendo a los menores de edad en el centro, cuando hay que plantearlo desde el acceso a la educación, salud y trabajo”, sostuvo.
Bustamante recordó que la Iglesia ya se expresó en otras oportunidades a favor de un abordaje integral del tema. Reconoció que el régimen penal juvenil vigente es antiguo y necesita ser actualizado, pero advirtió que reducir la discusión a la edad de imputabilidad “parcializa” el problema y corre el eje de las verdaderas causas.
En ese sentido, remarcó que cualquier reforma debería estar en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Además, planteó una serie de preguntas que, a su entender, no están siendo respondidas: si se baja la edad, “¿dónde lo vamos a encerrar?”, “¿en qué condiciones?” y “¿bajo la tutela de qué personal?”, en referencia a la falta de dispositivos adecuados y de políticas reales de acompañamiento y reinserción.
El sacerdote también vinculó el debate con otras problemáticas estructurales que afectan a los jóvenes, como el consumo problemático de sustancias y la salud mental, cuestiones que muchas veces anteceden o rodean situaciones de violencia y delito.
Para la Pastoral Carcelaria, avanzar hacia penas más duras puede aparecer como una solución rápida, pero no ataca el fondo de la cuestión. “Los jóvenes quedaron solos”, sintetizó Bustamante, y reclamó que en la discusión participen no sólo actores del sistema penal, sino también especialistas, organizaciones sociales y comunidades que trabajan cotidianamente con adolescentes en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, la Iglesia rosarina se suma al debate nacional con una postura que prioriza la inclusión, la prevención y la garantía de derechos por sobre una respuesta centrada exclusivamente en el castigo.