La ministra de Seguridad envió al congreso un proyecto propio para imponer su agenda en la materia ante la presencia de la vicepresidenta
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con una batería de proyectos de ley en el Congreso en materia de seguridad interior y combate a las mafias del crimen organizado, a pesar de las divergencias que existen puertas adentro del Gobierno.
El borrador de cada una de estas iniciativas ya fue presentado por Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, en la Casa Rosada, y también se le hizo llegar de forma confidencial a los bloques oficialistas de La Libertad Avanza y el PRO.
Ayer, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio le respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien la cuestionó, al igual que a Petri, por enviar a las Fuerzas Armadas a la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Bullrich alentó a «sacar a las Fuerzas Armadas del rincón de la penitencia» para entre «a la democracia». Villarruel había argumentado: «No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las FFAA no es combatir a civiles».
«Quedó claro con el tema de los ´70. El narco es un civil para el derecho. En los ´70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron Presos», añadió la titular del Senado de la Nación. Al respecto, Bullrich sostuvo que «mantener a las FF.AA. siempre viviendo en el pasado es malo» y dejó en claro que no volverá a «pasar lo mismo que en los ´70».
En esa línea, apuntó a la vice: «Yo creo que ella está más volcada a pensar que la historia puede repetirse en las FFAA, pero yo estoy convencida de que la gran decisión que deben tomar los gobiernos es dar saltos en la historia que permitan que nunca más se pueda repetir los malos momentos de nuestra historia. Creo que estamos en un momento justo para que las FF.AA. entren de pleno en la democracia».
El paquete que envió Bullrich al Congreso
Una de las iniciativas del paquete de proyectos es la llamada «Ley Antimafia» para combatir a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos.
«La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero», había asegurado Bullrich la semana pasada durante la presentación del conjunto de proyectos de ley.
La iniciativa incluye la acción de extinción de dominio, que consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos.
Otro proyecto es el que incorpora el instituto de «reiterancia» al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
«Hasta ahora, se consideraba reincidente a toda persona que hubiera sido condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Entonces hay un montón de casos de delincuentes con innumerables condenas con libertad condicional sin ser nunca reincidentes», explicaba Bullrich.
«Con esto cortamos la impunidad que siente la gente, que dice, ayer vinieron al barrio, me robaron, lo dejaron, lo largaron, al otro día vuelve al barrio, me volvieron a robar y lo volvieron a largar. Y así la impunidad, que es el sentimiento social profundo que hoy tiene la comunidad argentina, se termina con la ley de reiterancia», agregaba la ministra.
Además, la cartera de Seguridad presentará un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una «identificación más precisa de los criminales», estén imputados o condenados.
«Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, cárcel o que comience una imputación, se le hará una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento y a partir de ahí todos los imputados y condenados por delitos sexuales, van a dejar sus huellas genéticas», puntualizó Bullrich.
También está en carpeta una «ley antipiquete» para garantizar el orden público y la libre circulación, y se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.
«Ya dijimos y venimos demostrando que no permitimos el entorpecimiento de la circulación por parte de manifestantes. Un derecho termina donde comienza otro. Esta clara determinación la acompañamos con la Reforma del artículo 194 del Código Penal, que propone el aumento de las penas para aquellos que organizan manifestaciones, que instigan al corte de calles o que obligan a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración, amenazas», explicó.
«Las condenas irán de cuatro a seis años de prisión», detalló la ministra.
En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad.
«Cuando un miembro de un miembro de la fuerza de seguridad está cumpliendo con su deber, no es legítima defensa. Por eso, hemos planteado un artículo 34, tal cual lo hizo Uruguay y Chile, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios», señaló.
Y detalló que para configurar la legítima defensa «se suman elementos como diferencia de edad, contextura física y número de agresores».
«Hoy le pegan a un policía y es como si nada, pero esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad», subrayó.
Una de las medidas más polémicas anunciadas tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, de manera tal que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al «narcoterrorismo».
En la misma conferencia de prensa de la semana pasada, Petri explicaba que con esta medida los uniformados militares «van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos».